TRATADO DE DOBLE NACIONALIDAD CHILE-ESPAÑA 1958-2015

¿CÓMO APLICAN NUESTROS GOBIERNOS EL ARTÍCULO 7º DEL TRATADO DE 1958?

El Gobierno de Chile reconoce la existencia del Convenio, sin embargo sólo lo aplica en relación a la posibilidad de obtener doble nacionalidad. Respecto al artículo 7º del Convenio de 1958 es letra muerta, pues sencillamente se aplica la Ley de Extranjería y su Reglamento. 

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POSICIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO DE CHILE.

POSICIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, EN TORNO AL ALCANCE DEL CONVENIO DE 1958

El gobierno español aplica parcialmente el artículo 7 del Convenio, y esto sólo a raiz de sendas sentencias del Tribunal Supremo de España que le obliga a ello, sin embargo sigue sometiendo a los chilenos a la ley de extranjería y su reglamento toda vez que  les quita la legitimación otorgada por el Convenio de 1958, pues la reglamentación de extranjería señala que el único sujeto legitimado para solicitar un permiso de residencia y trabajo (por cuenta ajena) es el empresario español.  

 

En cuanto al derecho a la obtención de la doble nacionalidad, sin renunciar a la de origen, España respeta el Convenio de una manera mucho más cercana a su espíritu, toda vez que sólo exige 2 años de residencia legal y no 5 como lo hace Chile.

CANJE DE NOTAS DE 1959. EXIGENCIA DE VISADO CONSULAR PARA PODER TRABAJAR EN ESPAÑA

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Canje+de+Notas+de+1959.pdf
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POSICIÓN OFICIAL DEL TSJ DE MADRID, SECCIÓN QUINTA. PRIMERO SE DEBE CONTAR CON VISA Y LUEGO PEDIR EL PERMISO DE RESIDENCIA Y TRABAJO.

¿EN QUÉ FUNDA EL TSJ SU DECISIÓN?

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STS 2001. Tesis_opuesta.pdf
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STS_29_de_Enero_1998_en_la_que se funda
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STS_de_15_de_septiembre_1998_que reconoc
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POSICIÓN OFICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. PRIMERO SE DEBE SOLICITAR PERMISO DE TRABAJO Y LUEGO TRAMITAR EL VISADO.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sección Tercera) de 15 de junio de 2012. Recurso núm. 6249/2011 (ROJ 4552/2012).

  “En relación con la normativa expuesta, esta misma Sección del Tribunal Supremo ha expresado en Sentencia de 5 de octubre de 2011, recaída en el recurso de casación número 5245/2008 : << De estos dos extensos preceptos conviene retener ante todo que el extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar habrá de solicitar personalmente ante el órgano competente para su tramitación (en este caso, la Subdelegación del Gobierno) una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar , debiendo aportar junto con su solicitud, entre otros extremos, "copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares y, en su caso, de la edad, y la dependencia legal y económica". En el supuesto de que el extranjero cumpla con esos requisitos establecidos para la reagrupación familiar, el órgano competente concederá la autorización de residencia temporal por reagrupación, "y se suspenderá la eficacia de la autorización hasta la expedición, en su caso, del visado, y hasta la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional" (art. 42.5). A tenor de lo dispuesto en el apartado que se acaba de transcribir, la resolución por la que se concede la autorización de residencia temporal por reagrupación es válida por sí misma, aunque su eficacia y consiguiente despliegue de efectos queda supeditada a la obtención y expedición del visado. El visado es, por tanto, desde esta perspectiva, condición de eficacia pero no de validez de la autorización de residencia por reagrupación. Por tanto, la concesión de la autorización de residencia por reagrupación no es producto del ejercicio de una competencia compartida, en cuya virtud sea necesaria para su misma existencia y validez la concurrencia sucesiva de dos voluntades (la del Subdelegado del Gobierno, primero, y la del agente diplomático o consular, después), sino que se perfecciona por la propia resolución que la concede, siendo la posterior expedición del visado mero requisito de eficacia de la misma.”

 

¿EL TRIBUNAL SUPREMO HA RECONOCIDO EL DERECHO A RESIDIR Y TRABAJAR A CHILENOS QUE SE ENCONTRABAN EN FORMA IRREGULAR EN ESPAÑA?

 

SI, LO HA HECHO, VERBIGRACIA: SENTENCIA NÚM. 1.446 DE 13 DE DICIEMBRE DE 1990, Y SENTENCIA NÚM. 731, DE 1 DE JUNIO DE 1990.

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STS Núm. 1.446.-Sentencia de 13 de dicie
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STS. Núm. 731, de 1 de junio de 1990.pd
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COMO INTERPRETA EL TRIBUNAL SUPREMO LOS DERECHOS QUE CONSAGRA EL TRATADO DE 1958

 

 

 

EL TRATADO DE DOBLE NACIONALIDAD FIRMADO ENTRE ESPAÑA Y CHILE EN 1958, ES SUPERIOR JERARQUICAMENTE A LA LEY DE EXTRANJERÍA Y SU REGLAMENTO.

 

 

 

              

El Tribunal Supremo de España sostiene (Sentencia la Núm. 1.446, de 13 de diciembre de 1990)"Los chilenos en España, aunque no hayan adquirido la doble nacionalidad, continuarán disfrutando los derechos y ventajas de la legislación española, en las mismas condiciones que los nacionales españoles.

Toda la cuestión consiste en determinar si el ámbito, extensión y contenido del meritado art. 7 del referido Convenio permite que el recurrente pueda trabajar en España, para lo cual debe sentarse el principio general contenido en el citado art. 7 del que se deduce que los chilenos en España, aunque no hayan adquirido la doble nacionalidad -que es supuesto de autos-, continuarán disfrutando los derechos y ventajas que otorgue la legislación española, entre ellos -en su consecuencia, dice el precepto- el de ejercer oficios y profesiones, gozando de protección y Seguridad Social en las mismas condiciones que los nacionales, es decir, que los españoles. Esto es así porque el referido Tratado está vigente y no ha sido denunciado por ninguna de las partes contratantes y porque es norma específica, respetada por la nueva Ley de extranjería, que no puede derogarlo; lo decisivo es que los chilenos pueden especialmente viajar y residir en España aunque no estén acogidos a los beneficios del Convenio, establecerse donde quiera que lo juzguen conveniente para sus intereses, todo ello en las mismas condiciones que los nacionales; por reciprocidad y en aplicación del mentado art. 7, a los españoles les ocurrirá igual en Chile, y así podrán hacer lo mismo en las mismas condiciones que los chilenos; es decir, contrariamente a lo que se sostiene en la sentencia apelada, lo determinante es situarse en las mismas condiciones que los españoles -en las que se encuentra el recurrente-, por lo que no ha de estarse a lo que disponga la legislación con respecto a los extranjeros, como si el Convenio no existiese o estuviese denunciado, sino que lo importante es que tanto los españoles como los chilenos, respectivamente, en cada una de estas dos naciones, han de recibir, los chilenos en España y los españoles en Chile, el mismo trato que los respectivos nacionales; entender lo contrario es desconocer la equiparación de trato, respectivamente, de que gozan los chilenos en España y los españoles en Chile, en las mismas condiciones que sus respectivos nacionales; en su consecuencia, no se admite la tesis sustentada por la sentencia recurrida al desestimar el recurso interpuesto, por lo que procede acoger la apelación con obligada revocación de la misma."

 

   

 

 

 

 Como podemos ver la controversia no debe radicar en la existencia o no del Tratado, sino en cómo se debe interpretar su artículo 7º, específicamente su inciso final.

La Administración de España (Extranjería)  mantiene que el inciso final del artículo 7º del Tratado de 1958, que señala "El ejercicio de tales derechos queda sometido a la legislación del país en que tales derechos se ejercitan",  supone que el otorgamiento de dichos permisos debe efectuarse con arreglo a la legislación española en materia de extranjería; sólo le reconoce validez en cuanto permite a los chilenos acceder a cualquier tipo de trabajo. Es decir, exime a los chilenos de la limitante de que el contrato ofrecido sea para cubrir un puesto de difícil cobertura.

Sin embargo el TRIBUNAL SUPREMO de España ha sostenido que:..... "ahora bien la referencia que efectúa el artículo antes trascrito no puede entenderse a la normativa interna en materia de extranjería sino a la normativa interna en materia laboral pues no cabe otra interpretación al hacer referencia la norma a que estas facilidades para la realización de actividades laborales se otorgaran en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia o de trabajo, pues a éstos no se les aplica sino la legislación laboral cuando pretenden realizar una actividad de dicha naturaleza en su país. (Extracto de Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 10 de octubre de 2002).

 

  CONCLUSIONES

 

- La Ley de Extranjería y su Reglamento no deben aplicarse a los ciudadanos(as) chilenos(as) como si tal Tratado no existiese, hacerlo es contrario al Derecho Internacional. En consecuencia los chilenos en España tienen los mismos derechos de residencia y laborales que los españoles;

 

- El permiso de trabajo se debe conceder “imperativamente”. Es decir, Inmigración "no debería denegarlo"; tampoco está autorizada a "limitarlo",  fundando su negativa o restricciones en requisitos incorporados en la actual Ley de Extranjería, como por ejemplo: evaluar al contratante y al contrato ofrecido; limitar el permiso a un año de duración, a una zona geográfica, o a una sola actividad.

 

Lo anterior por la sencilla razón de que la Ley de Extranjería española (entró en vigencia en fecha posterior (1985) al Tratado de 1958) no puede derogarlo. Además el Tratado tiene contenido propio, es decir se debe aplicar en forma directa. Así se ha fallado. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en el año 1959 hubo un Canje de Notas entre España y Chile (aún vigente) que obliga a solicitar visado consular para poder trabajar en alguno de los países firmantes.

 

ANTONIO HORACIO CELIS GONZÁLEZ